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LA REVOLUCIÓN DE 1859 Y LA VIGENCIA DEL PENSAMIENTO RADICAL

Este  5  de  enero  de  2019,  se  conmemoraron  160  años  del  inicio  la  Revolución  de  1859, igualmente  conocida  como  la  “Guerra  Civil  de  1859”,  la  “Revolución  Constituyente”  y/o  la “Revolución  de  la  Plata”.  Los  líderes  indiscutidos  de  este  alzamiento  revolucionario,  Pedro León  Gallo  y  Manuel  Antonio  Matta,  cuatro  años  más  tarde,  fundarían  la  Primera  Asamblea Radical en Copiapó, dando origen a nuestro Partido.

Si bien es cierto, el origen de este alzamiento es de carácter económico, motivado en el alza indiscriminada  de  los  impuestos  sobre  la  minería  local;  no  es  menos  cierto  que  sus  líderes tenían en vista no sólo sus  intereses financieros, como dueños de minas; sino una  profunda vocación democrática, republicana y libertaria, que les llevó a enarbolar la bandera de la lucha contra el autoritarismo y por una Asamblea Constituyente, conjuntamente con el laicismo y la necesidad de descentralizar administrativamente el país.

Fue así como los rebeldes atacameños, junto a  sus pares en Concepción, Valparaíso, Talca  y Chillán se alzaron en armas contra el gobierno conservador de Montt y Varas. Pero mientras los  alzamientos  en  el  puerto  y  el  sur  fueron  sofocados  rápidamente,  el  foco  en  Copiapó  se extendió, controlando completamente la provincia de Atacama; y, tras vencer a las fuerzas de gobierno en la batalla de Los Loros (14 de marzo de 1859), ocuparon la ciudad de La Serena y el  Limarí.  Tan  sólo  reuniendo  una  fuerza  enorme  (más  de  3.000  hombres  bien  armados  y entrenados), el gobierno pudo finalmente derrotar a los rebeldes en la batalla de Cerro Grande (29 de abril de 1859). Copiapó resistió hasta el 12 de mayo. Tras la derrota, los líderes revolucionarios debieron partir al exilio, principalmente hacia Argentina; pudiendo retornar tan sólo después de la amnistía decretada en 1861.

A pesar de su derrota militar, la Revolución de 1859 tuvo un impacto enorme en la política de nuestro país: en lo inmediato, precipitó la renuncia a la candidatura presidencial de Antonio Varas, ministro del gobierno conservador de Manuel Montt y representante del continuismo, tras lo cual asume la presidencia José Joaquín Pérez, dándose inicio al periodo conocido como “República Liberal”. No obstante, el legado más significativo de la gesta atacameña, sin duda, lo constituye el haber sembrado las ideas que llevaron al grupo de sublevados a renunciar al Partido Liberal y a fundar, en diciembre de 1863, el Partido Radical de Chile.

En  su  fundación,  el  Partido Radical  proclamó  como  objetivos  fundamentales  la  reforma  a  la Constitución  autoritaria  de  1833,  mediante  un  mecanismo  de  Asamblea  Constituyente;  la reducción  del  exacerbado  poder  presidencial,  que  durante  la  década  del  “Montt-varismo” había  devenido  casi  en  una  dictadura;  la  separación  entre  el  Estado  y  la  iglesia  católica, promoviendo  la  educación  laica;  la  descentralización  administrativa  del  país,  dando  mayor autonomía  a  las  provincias;  y  la  libertad  electoral,  acabando  con  la  grosera  intervención  y manipulación que – hasta ese entonces – se ejercía de los comicios, por parte de los gobiernos de turno, lo que había permitido la hegemonía conservadora por más de tres décadas.

Si analizamos las ideas fuerza que dan vida al Partido Radical, hace más de 155 años, podemos concluir que hay tareas que aún se encuentran pendientes, y a las qué no debemos renunciar, bajo  ningún  pretexto.  Sin  ir  más  lejos,  hoy  nuestra  sociedad  se  encuentra  regida  por  una Constitución Política generada bajo la dictadura militar fascista, cuyos cambios en los últimos 30  años  han  sido  más  bien  cosméticos:  profundizando  ciertos  rasgos  como  la  progresiva jibarización  del  Estado;  la  pervivencia  de  enclaves  y  cerrojos  autoritarios  y  conservadores (como es el caso del Tribunal Constitucional, hoy devenido en una “tercera cámara” desde el punto de vista legislativo y una “tercera instancia” desde el punto de vista judicial; violentando con  ello  el  orden  republicano);  el  sistemático  despojo  de   nuestras  riquezas  y  recursos naturales; la entronización del mercado, en abierto desmedro de los derechos sociales, cuyo ejemplo  más  dramático  es  la  crisis  del  sistema  de  pensiones  (igualmente  heredado  de  la dictadura  y  –  desgraciadamente  –  perfeccionado  y  fortalecido  bajo  los  gobiernos  de  la Concertación/Nueva Mayoría); y un exacerbado poder presidencial, que algunos definen casi como una “monarquía civil”. Desde este punto de vista, resulta evidente la necesidad ya no de “modificar” o “reformar” la Constitución pinochetista, sino – derechamente – crear una nueva Carta Fundamental; ello mediante un proceso realmente participativo y democrático, que no es otro que la Asamblea Constituyente. Y en este sentido, necesario y fundamental es precisar –  contrariamente  a  lo  que  sostienen  los  líderes  de  la  derecha,  secundados  por  algunos personajes que se dicen de “centro” e “izquierda” – que la Asamblea Constituyente no es un “invento” de “marxistas” o “chavistas”; sino que fue propuesta por primera vez en la política chilena, en los albores de la República, por los Padres Fundadores   del Partido Radical,   y   reafirmada   posteriormente   en   la   mayoría   de   las Convenciones del mismo, desde 1888 y hasta la promulgación de la Constitución de  1925. A mayor  abundamiento, cabe  destacar  que  la  mayor  parte  de  las  Constituciones  de  los  países latinoamericanos, contemplan el mecanismo de Asamblea Constituyente, como la herramienta –  por  excelencia  –  para  reformar  sus  Cartas  Magnas;  y  no  existe  evidencia  alguna  que  la existencia o aplicación de este mecanismo democrático de decisión, haya sido la causa basal de ninguna crisis económica ni institucional, en  ningún país. De esta suerte, los  radicales no debemos temer, ni dejarnos intimidar por el discurso de los conservadores y sus coristas; sino que tenemos el derecho y el deber de reivindicar este principio fundamental, que hoy cobra plena vigencia; máxime si consideramos que muchas de las reivindicaciones más sentidas por nuestro pueblo  –  como el derecho a  la educación, al trabajo, a  la vivienda, a  la salud y  a la seguridad social; el respeto a los Derechos Humanos y el reconocimiento de la diversidad, en todas sus expresiones y dimensiones; la definición de Chile como un Estado Plurinacional;  el adecuado  tratamiento  de  la  delincuencia;  una  descentralización  efectiva;  la  recuperación  de nuestra riquezas esenciales; la protección del medio ambiente; la erradicación de las prácticas corruptas  en  la  política  y  en  la  administración  pública;  y  el  término  de  la  injerencia  de  las sectas religiosas en la vida privada de los ciudadanos – pasan, necesariamente, por un cambio de paradigma del Estado (hoy reducido a un mero rol subsidiario y de orden público), lo que demanda inevitablemente una Nueva Constitución, generada democráticamente, y acorde con el ideario del Chile que queremos construir en el siglo XXI.

Por lo mismo, estamos convencidos que la gran tarea iniciada por nuestros Padres Fundadores y por quienes consecuentemente les sucedieron, está aún pendiente; y ninguna justificación admite que debamos abjurar del sagrado deber de levantar, una vez más, las banderas de la defensa y profundización de la Democracia, para lo cual es condición sine qua non, el derogar la  espuria  constitución  pinochetista  y  su  legado  de  corrupción,  exclusión  y  autoritarismo.  El Partido Radical tiene – probablemente más que ningún otro – la autoridad moral, el prestigio y la  historia,  para  liderar  este  proceso;  nadie  puede  cuestionar  la  vocación  democrática  y republicana de este centenario Partido y, por ello, no estamos obligados a dar “pruebas de blancura” en este sentido a ninguna otra colectividad, coalición ni gobierno; menos aún, a un régimen caracterizado por la intolerancia y la corrupción, y que no tiene mejor forma de “resolver” los conflictos sociales derivados de su inoperancia y del fracaso de sus añejas recetas políticas y económicas, que criminalizar los movimientos sociales y reprimir (hasta el límite del crimen) la creciente protesta popular.

Hoy  más  que  nunca,  el  Pensamiento  Radical  está  vigente;  hoy  como  ayer,  las  banderas  del radicalismo están presentes; nuestro  deber es enarbolarlas y llevarlas a una nueva altura, la del Radicalismo del Siglo XXI.

Cristián Hidalgo Morales, Abogado. Miembro de la Comisión Política Nacional.